Los estudios de Aysa para determinar los niveles de contaminación en el suelo de Pablo Podestá presentan irregularidades. Las excavaciones en la zona podrían empeorar la situación. Vecinos advierten problemas en la salud. 

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Buenos Aires, marzo de 2017.

“Dolor de cabeza, picazón en la garganta y nariz, ardor en los ojos, adormecimiento de los labios y olores insoportables que cambian dependiendo de la dirección del viento.

 

Así es como viven los vecinos de Pablo Podestá en las cercanías de la planta Johnson, ubicada en la Avenida Bernabe Márquez al 2249 (Partido de Tres de Febrero). Aunque la planta dejó de funcionar hace 12 años, dejó una huella marcada y difícil de borrar: En sus alrededores el suelo está contaminado, afecta la salud de los habitantes y no se pueden realizar excavaciones hasta que no sea saneado. Sin embargo, en 2013 Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) presentó un proyecto para extender la red de agua potable en la zona. Para eso, en diciembre de ese año realizó estudios químicos cuyos resultados dejan ver que hay sustancias tóxicas en niveles superiores a los permitidos por la ley.

 

La planta cubre casi toda una manzana (Bernabe Márquez, Sargento Díaz y Bernardo Metzig) y sobre la entrada de Sargento Díaz, una de las principales, salen hacia la calle cinco conductos, parecen ser caños pluviales pero la gente del lugar advierte que se trata de tubos que vierten residuos tóxicos hacia la vereda. “Cuando llueve derivan el agua por ahí. Plantas como estas tienen que contar con un proceso previo”, describe Angel Navarro, vecino que fundó la ONG “Terratox” para denunciar la actividad contaminante de la empresa luego del primer incendio, en 1999. A unos pocos pasos, sobre el paredón de ladrillo que cubre a toda la planta, hay una placa con la inscripción “Escuela N° 30 Dr. Carlos Pellegrini”. Es el colegio que funcionó allí durante 44 años, hasta que en el 2000 Johnson lo compró y trasladó a Loma Hermosa, una localidad vecina. Del lado de adentro, detrás de las rejas negras que están en la entrada de Sargento Díaz y Pizzoni, una columna plateada da la bienvenida. En ella se solía leer el nombre de la empresa, pero ahora está vacía. O mejor dicho, dada vuelta. “Es para que no se identifique que ellos siguen acá”, comenta Navarro. Los tanques del interior de la planta sobresalen entre las casas bajas cercanas. En el centro tienen dibujados rombos de diferentes colores que indican el nivel de radiactividad, fuego y riesgo para la salud. Y algunos prefieren llamarla “el cementerio de tanques”.

 

El 25 de mayo de 1999 es una fecha que quedará para siempre en la memoria de los vecinos de Pablo Podestá. Ese día una columna de humo negro cubrió por completo el cielo y sorprendió a todos. Salía de la fábrica. Las personas de las casas linderas apenas atinaron a salir corriendo y alertar sobre lo que sucedía. Se estaba incendiando uno de los depósitos. Fue en ese incendio cuando los contaminantes se esparcieron por el suelo de la localidad. Pero no fue el único: La nube negra reapareció el 25 de febrero de 2004, cuando el depósito de productos terminados ardió en llamas. Otra vez hubo derrame de tóxicos y conmoción entre los vecinos, alertados por los efectos que podría tener un segundo incendio en su salud y lo que significa convivir con una planta industrial a pocos metros de las casas. Además denuncian que aunque los siniestros ocurrieron en dos oportunidades, fueron varias las veces que escucharon ruidos que provenían de la fábrica. A raíz del incendio y las denuncias de vecinos, Gendarmería Nacional y otros organismos como el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) tomaron muestras del suelo, aire y agua que demostraron la presencia de sustancias peligrosas como fenoles e hidrocarburos. El miedo a un tercer incendio estaba latente. Poco tiempo después “Johnson” decidió mudarse y dejar la planta fuera de actividad. Sin embargo nunca la vendió y actualmente la aquilan como depósito a distintas empresas que guardan allí sus químicos u otros productos.

 

Hoy, 17 años después del primer incendio, las consecuencias están a la vista: en el suelo que rodea a la planta hay sustancias cancerígenas y neurotóxicas, entre otras, que afectan al sistema cardíaco, circulatorio, respiratorio, inmunitario, gastrointestinal y endocrino además de provocar efectos negativos en el medio ambiente. Así lo demuestran los resultados del “Informe de Estado de Situación Ambiental del Suelo-Pablo Podestá” efectuado por AySA en 2013, que contiene químicos que duplican los niveles guía que permite el Decreto 831/93, aunque sus conclusiones afirman: “De acuerdo a los resultados de las muestras analizadas, y según lo estipulado por la mencionada ley (24.051, Decreto 831/93), los datos obtenidos no superaron los límites admisibles de la legislación citada. Por esta razón el suelo afectado a la traza no debería tener mayores inconvenientes con respecto a su disposición”. Los tóxicos que superan los niveles permitidos son Cadmio, Mercurio, Benceno e Hidrocarburos (derivados del petróleo). Como estos últimos no están contemplados en la Ley argentina, se deben tener en cuenta los valores vigentes en la legislación extranjera.

 

En septiembre de 2014 AySA le envió una nota al titular de Terratox, la ONG que trabaja desde hace años en el lugar afectado, con ciertas “consideraciones” en respuesta a la denuncia que hizo la Asociación Civil sobre los trabajos de zanjeo que se estaban llevando a cabo entre Avenida Márquez y De Los Poetas, a dos cuadras de la planta (si se realizan excavaciones en suelo contaminado, la situación puede empeorarse al desparramar las sustancias hacia otros lugares, incluso a las napas). La empresa encargada de la prestación de servicio de agua corriente y cloacas señala en la nota que el Municipio de Tres de Febrero (en ese momento bajo la intendencia de Hugo Curto) fue el Ente Ejecutor de la obra “Cloaca+Trabajo” (de ampliación de la red de agua potable) y que AySA se encargó de la financiación y supervisión. Además denuncia: “Las transcripciones de los estudios de impacto ambiental reseñadas no pertenecen a los estudios realizados para la obra que nos ocupa y fueron sacado de contexto de otros estudios”. Sin embargo, después se contradice al afirmar que “Previo al inicio de las obras de tendido de red cloacal ‘Pablo Podestá Módulo2’ la Dirección de Medio Ambiente de AySA llevó a cabo el análisis del suelo en puntos representativos asociados a la traza a ejecutar”. Los análisis citados por la empresa son los que contienen la tabla con resultados que no se condicen con la legislación.

 

“Como medida preventiva se evitará consumir agua de napa”. Esa es la recomendación que hace la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires  en una carta fechada el 10 de marzo del 2000, un año después del primer incendio. Y agrega: “Se sugiere poner en conocimiento por la via que se estime corresponder a los vecinos requirentes sobre los resultados evaluados”. Fue en el marco de unos estudios que se realizaron dentro y fuera de la firma Johnson. ¿El resultado? Presencia de hidrocarburos en aire y agua, lo cual “indica la contaminación de las napas”. El arroyo Morón atraviesa la localidad de Pablo Podestá en el límite con Hurlingham y se encuentra a unas 15 cuadras de la planta de Johnson&Son. Esto quiere decir que los contaminantes de la napa podrían llegar hasta el arroyo, y de ahí al Río Reconquista.

 

Consecuentemente con ello se observa en niños y adultos afecciones en la piel y en los bronquios. En muchos casos vecinos, que prefirieron resguardar su identidad afirman: “Cuando fue el incendio nos hicimos estudios clínicos y a seis personas le encontraron niveles de fenoles (tóxicos) de hasta 10 veces por encima de los valores aceptados”.

 

Seria funcional para aquellas personas afectadas contar con oficinas habilitadas para recibir sus denuncias e inmediatamente disponer las tareas de investigación que se estimen apropiadas para el caso. Naturalmente el estado debe poner a disposición los recursos suficientes para que el reclamo sea recepcionado útilmente y no se trate de una cuestión netamente burocrática.

 

El artículo 41 de la Constitución Nacional indica: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Hay formas de remediar la situacion por ejemplo la norma IRAM 29059 que establece el procedimiento que hay que llevar a cabo o hacer un saneamiento pero es muy costoso. A partir de tal premisa es función primordial de quienes de una u otra forma tienen en sus manos cuestiones relativas a la salud ambiental, apelar al máximo de sus posibilidades y recursos para ayornar su actuación. Paralelamente las autoridades gubernamentales-llamanse organismos encargados del área ambiental- deben emprender una funcion de control implacable y exahustiva en los casos que el ambiente pueda ser eventualmente afectado.

 

En el medio, la salud de cientos de vecinos de las zonas linderas a la planta.  también los arroyos y ríos cercanos que pueden ser afectados por las sustancias tóxicas halladas si se remueve el suelo para excavaciones. Hoy, 17 años después del primer incendio, continúan las reuniones entre vecinos, la ONG Terratox y autoridades municipales. Pasan los años y pasan los gobiernos pero hay algo que queda: la contaminación.