PdI
Periodismo de investigación
INVESTIGACIÓN
Por Romina Di Biase y Carla Ferrin
Buenos Aires, noviembre de 2016.
“Tengo colegas que han llegado al punto de tener que decidir si dormir, comer o dejar morir a un paciente. Nos decían que servía para formar el carácter y nos ponían constantemente al límite de nuestra capacidad de tolerancia frente a situaciones de extremo cansancio”, cuenta un ex residente del Hospital Naval Pedro Mallo.
Desde el 10 de octubre del 2013, está en vigencia la Ley de Residencias Médicas N°4702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica el artículo 26 de la Ordenanza N°40997/85 y establece las condiciones de funcionamiento del Sistema de Residencias Municipal del Equipo de Salud. La Ley indica un máximo de 9 horas laborales diarias durante cuatro días hábiles, con un tope de 24 horas corridas de guardia. Sin embargo, en tal caso deberá cumplirse con el descanso post guardia de 12 horas. De esta forma, queda determinado que la cantidad de horas semanales requeridas por el Sistema de Residencias Médicas, incluyendo las guardias, no podrá superar las 64 horas semanales.
Es por esta ley que el 11 de mayo de 2016, residentes y concurrentes de varios Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcharon hacia la Asociación de Médicos Municipales con el fin de exigir una reunión con la Comisión Directiva para reabrir las paritarias y garantizar que se cumpla la Ley de Residencias en todos sus puntos.
En junio del 2015 el residente de Cardiología del Hospital Rivadavia, Leonardo Prestera, se ocupó de abrir una petición online en change.org y acudió a la Defensoría del Pueblo para hacer que las autoridades competentes del gobierno respondan y den constancia acerca del cumplimiento de esta ley.
Ante esta iniciativa, el Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la CABA, Claudio Presman, realizó una actuación de oficio dirigida a la Dirección General de Docencia e Investigación de la Ciudad de Buenos Aires para identificar si algún hospital no cumplía con la ley y para constatar si se había efectuado un relevamiento sobre la implementación de la norma.
Como respuesta a la mencionada actuación, la médica Kumiko Eiguchi, por aquel entonces Directora General de Docencia e Investigación, informó que se estaba trabajando para adecuar la Ley 4702 según el programa de cada especialidad o disciplina y que había hospitales en investigación que presentaban “quejas por falta de compromiso docente-formativo por parte de los profesionales para con los residentes que quedan solos y, por parte de los profesionales que dicen no tener la obligación de enseñar a un residente”; a estas sedes se les otorgó un plazo para aplicar un plan de mejoras.
Casi un año después Eiguchi expresó: “no se puede investigar para atrás ya que nosotros intervenimos y solucionamos los casos”, como respuesta a la petición de información pública, impulsada por las periodistas de esta investigación, vía Ministerio de Salud del GCBA y de la Nación, para que aclare cuáles sedes habían sido investigadas el año pasado y profundice sobre los casos de residentes en situaciones especiales que confesaron distintas formas de abusos de autoridad o consecuencias psicofísicas por las extensas jornadas de guardia, detalladas en una presentación realizada en el 2014 por la Dirección Nacional de Docencia e Investigación sobre la Visión actual del Sistema de Residencias Médicas en el GCBA.
Los testimonios de los residentes, si bien son brindados fuera del ámbito hospitalario y en privado, continúan con el mismo lineamiento que los expuestos en la presentación realizada en el 2014 por Kumiko y, de esta forma, logran sacarle el pacto que intenta cubrir al Sistema de Residencias. Así, demuestran que la situación no ha cambiado como lo manifestaba la ex Directora General de Docencia e Investigación.
Otro residente de Cirugía del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Rufo Herrera, manifestó que en dicho centro médico las leyes no se cumplen, “es como una especie de ‘extorsión oculta’: ellos deciden si vos operas o no, por eso no te podés poner en contra de nadie porque el castigo es no operar, y la idea es que operes para formarte”.
Asimismo, la Asociación de Psicólogos de CABA, Asociación Gremial que representa a los trabajadores psicólogos que se desempeñan o se hayan desempeñado bajo relación de dependencia laboral en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo un reclamo judicial en 2015 por las condiciones de trabajo de los residentes de psicología que trabajaban en hospitales públicos de la ciudad.
En el reclamo se destacan una serie de desacuerdos entre la Directora General de Docencia e Investigación, Kumiko Eiguchi, y María Concepción Grosso, Directora General de Salud Mental, quien se atribuyó de hecho la función de coordinar la formación de Salud Mental.
El 3 de noviembre del 2015 el juez Aurelio Ammirato aprobó la medida cautelar que la Asociación de Psicólogos de CABA solicitó ante los “atropellos” por parte de las autoridades de Salud Mental hacia los residentes y concurrentes de esa disciplina en formación. El Dr. Ammirato sentenció que “el objeto litigioso concierne a la formación de recursos humanos del sistema de salud, y por tanto, la cuestión debatida concierne de manera inmediata a los derechos de aquellos pero, de manera mediata, podría también comprometer el derecho a la salud de la población usuaria del sistema”.
De esta forma se le da un resguardo a los derechos de los profesionales en Psicología que realizan la residencia y se intenta frenar el “avance de algunos sectores autoritarios que buscan constantemente el modo de burlar las leyes de salud mental”. Sin embargo, la cuestión de fondo que subyace en todo el sistema de residencias no está resuelta.
Existe un encubrimiento en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los cuerpos profesionales encargados de regular la situación y por parte de los propios residentes con respecto a las regulaciones que contemplan al Sistema de Residencias de CABA; por fuera de los hospitales se registra un incumplimiento al escuchar los testimonios de los residentes por otras vías ajenas al hospital, es decir, a partir de contactos generados por grupos de Facebook organizados por ellos mismos para compartir información, experiencias y quejas sobre las residencias. Sin embargo, al indagar sobre denuncias efectuadas ante algún organismo público, la situación parece cambiar.
El sistema de residencias en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires es un sistema verticalista y cerrado, donde el incumplimiento de las regulaciones, los desórdenes y abusos de autoridad se encubren tanto por parte de las autoridades como por los propios residentes por temor a perder su fuente de trabajo.
Martínez Stenger, ex residente del Hospital Naval aclaró que “en el Hospital Naval Pedro Mallo son varias las irregularidades. Básicamente no se respeta el reglamento de residencia y hay abusos de autoridad de todo tipo; principalmente la tortura psicológica: me he quedado de guardia castigo 3 días seguidos en el hospital. Nunca nos felicitaban por lo que hacíamos bien pero sí recibíamos castigos cuando nos equivocábamos. Nunca hice denuncia, pero la verdad me arrepiento”, argumentó el ex residente.
Al acceder a la realidad del Hospital Rivadavia, lugar dónde surgió la actuación legal para comenzar la investigación, el Director del Departamento de Docencia e Investigación del propio hospital, Daniel Rodríguez, hizo su descargo al ser consultado sobre el caso de Prestera y acerca de la situación con la cual tiene que convivir: “el residente de primer año es el músculo de la residencia, suele sentirse agobiado cuando comienza porque tiene mucha responsabilidad y muchas funciones. La ley se cumple".
La actuación realizada por Leonardo Prestera va contra la estructura del sistema de residencias, incluso aunque su queja sea válida podría ser sancionado debido a que tiene varias instancias para realizar el reclamo: primero hay un Jefe de Residentes, luego un Coordinador Local de Residentes y el Jefe de Servicio de Departamento y finalmente la Dirección de Docencia e Investigación. Él saltó todo eso y acudió directamente a la Defensoría del Pueblo”.
Sin embargo, a partir de estas contradicciones que parece haber entre residentes y autoridades, se puede localizar un patrón común que involucra a todos los actores del sistema de residencias médicas de los hospitales públicos de CABA, que es echar la culpa a alguien más y no brindar una respuesta ni solución definitiva.
“Las quejas quedan asentadas en un Acta Legal y después la respuesta también queda por escrito”, expresa Rodríguez al preguntarle por algún reclamo que pudiera haber en ese hospital. Sin embargo, el acta debe ser requisado de manera formal a través del Ministerio de Salud de GCBA. Pero a pesar de que Rodriguez asegura que no hay nada que ocultar y que esa requisación formal es por burocracia, sin embargo tras haber pasado un lapso de un mes desde que fue formulado por el equipo de investigación dicho pedido de acceso a la información pública, no se recibió respuesta alguna.
Respecto a los efectos negativos que pueden tener las jornadas laborales sin descanso, según un estudio realizado en el 2007 por la Sociedad Argentina de Pediatría a residentes de primero, segundo y tercer año del Hospital General de Niños “Dr. Pedro Elizalde”, se establecen relaciones de causa-consecuencia con respecto a la privación del sueño. Esta situación es considerada con menos de 6 horas o más pero de manera interrumpida.
La privación del sueño tiene un impacto directo en tanto el estado de ánimo como en el de alerta. Esto se ve reflejado en la velocidad de reacción, de atención y de memoria. Los resultados arrojaron los siguientes datos: la velocidad de reacción varía de 13% a 30% antes y después de la guardia respectivamente; la jornadas extendidas de trabajo con turnos nocturnos, se relacionan con un mayor número de accidentes laborales; a su vez se ve afectado el cansancio emocional y la falta de realización personal.
Estas consecuencias hacen que los residentes manifiesten de manera reiterada que el trabajo es una carga y que sus derechos no son contemplados y que por ende no gozan de una calidad de vida mínima e indispensable para cualquier ser humano.
Ramón Carrillo, Ministro de Salud Pública de la Nación entre 1949 y 1954, sentenció por aquel entonces que “la salud no constituye un fin en sí mismo, sino una condición de vida plena, y no se puede vivir plenamente si el trabajo es una carga y si la casa es una cueva”. Esta metáfora parece ser la situación por la que los residentes de medicina atraviesan y nadie parece darle el lugar que merecen tener estos reclamos.
El sistema de Residencias Médicas prioriza el derecho de los pacientes por sobre el de sus recursos humanos que son los encargados de salvar vidas durante las guardias y a pesar de lo que esto implica, sus derechos no son parcialmente reconocidos.
La Subcomisión de Residencias, órgano dependiente de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica por intermedio del Comité de Docencia e Investigación -Departamento que depende del Gobierno de la Ciudad, más precisamente de la Dirección General de Docencia e Investigación- (CODEI), junto con la Dirección del Hospital son los encargados, según lo establecido en la Ordenanza 40.997, de velar para que estos derechos sean cumplidos, a través de evaluaciones periódicas.
En el caso del Hospital Rivadavia es el mismo Director de Docencia e Investigación el que afirma que “la ley se cumple”. Sin embargo, el residente Leonardo Prestera, expuso en change.org su petición el 28 de junio del 2015.
De esta manera, a pesar de que las autoridades sostienen las mejoras del sistema, hay reclamos que expresan que las fallas siguen presentes y que nadie tiene verdaderas intenciones de mejorar el sistema de residencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se opta por continuar encubriendo las irregularidades, incumplimientos debido a que “esto siempre fue así” y parece funcionar.
