“Las leyes están para romperse”, un dicho muy popular que en Argentina se pone en práctica en distintas situaciones cotidianas, desde cruzar un semáforo en rojo  o hasta evadir impuestos. Esos son los tipos de faltas que se ven habitualmente, sin embargo, de entre tantas leyes de las que no se habla está la Ley de Salud Mental. Otra normativa que tampoco se cumple en el Hospital José Tiburcio Borda.

 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016.

“La Ley Nacional de Salud Mental nº26.657 vigente en el país, regula la protección de los derechos de las personas con padecimiento mental en la República Argentina. Esta ley fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, desde entonces y hasta la fecha no se hace plena implementación de la ley en el Hospital José Tiburcio Borda.

 

El principal objetivo de la ley es el cambio progresivo de las instituciones de salud mental para una desmanicomialización, con una serie de medidas establecidas para que se lleve a cabo, como se redacta en el ARTÍCULO 27: -“Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos”.​

 

Ángel Barraco, corredactor de las leyes n°26.67 y n°448, y asesor de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad declaró: “La desinstitucionalización es justamente terminar con las internaciones crónicas en los hospitales monovalentes, los llamados neuropsiquiátricos, y requiere de camas para internaciones breves”.

 

La problemática en el Hospital José T. Borda se fue agravando, principalmente el conflicto era por problemas económicos, no recibían el suficiente dinero para cubrir con todos los gastos, tanto de los pacientes como el pago a los médicos y el mantenimiento del hospital. Sin embargo, como muestra el presupuesto anual que se le otorga para el año 2016, este no era el único inconveniente ya que dentro de lo que se designa a salud mental que son $1.915.124.012, el Borda es el que más recibe de todos los nosocomios, siendo esto un total de $657.955.251.

 

El presupuesto que recibe el Borda está dividido en cuatro secciones la primera son los gastos del personal $415.534.306, bienes de consumo $20.882.001, servicios no personales $182.899.792, y bienes de uso $38.369.152, el hospital recibe el presupuesto pero no se ve ningun apartado donde se indique el dinero que debe ser para los cambios en relación con lo que propone la ley y tampoco en la modificación del hospital ni en la estadía de los pacientes.

 

Ángel Barraco comentó sobre el presupuesto del hospital: “Se podría suponer que como no se modifica el funcionamiento del hospital para la desinstitucionalización el presupuesto que reciben sea para cubrir los gastos de los pacientes que tienen tantas necesidades, pero no es así, siguen iguales con frío, goteras y demás”.

 

En el hospital funcionan diferentes organizaciones dirigidas especialmente al trabajo con los pacientes, una de ellas es “La Colifata”, un programa de radio que es administrado por estudiantes de psicología y comunicación donde se les da espacio a los pacientes para participar. Como indicaron los trabajadores de “La Colifata”, ellos no tienen relación directa con el hospital, es decir no reciben dinero ni ayuda de las autoridades, por lo tanto no reciben nada del presupuesto anual; sino que solo usan el espacio que se les brinda que es un pequeño galpón en el medio de los jardines, donde acomodan frente a este una camilla de hospital reciclada que es utilizada como el control y un estudio de radio. Una de las estudiantes indicó “nosotros aprovechamos este espacio para los pacientes, es abierto al público para que puedan visitarlos. Por el contrario, nosotros no recibimos nada del hospital, lo que recibimos son todo tipo de donaciones de la gente, que así como llegan las repartimos acá adentro a todos por las necesidades que tienen. Principalmente ellos nos piden por colchones, sabanas, ropa y hasta nos pidieron cepillos de dientes, ya que los que tienen están en malas condiciones”.

 

Para Barraco se discrimina la salud mental. “Tener atención en los hospitales generales es fundamental, no hay porque discriminarla. Si es que hay necesidad de una internación, que sea breve, con la terapéutica adecuada, una vez estabilizado el paciente no tiene por qué estar internado, tiene que resocializar”.

 

Según las leyes de salud mental, la apertura de las casas de medio camino es donde se debería enviar a un paciente cuando ya esté estabilizado y no tenga vivienda, familia, para que tenga un espacio donde vivir y reinsertarse socialmente. Según el ARTÍCULO 11.- “[…]Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas”.

 

Dentro de la ley hay una obligación de incorporación de camas de internación breves en 10 hospitales generales, y la dotación de las guardias de salud mental también en hospitales generales. Ambas con el fin de que de a poco se vayan acomodando los mencionados nosocomios para la atención de pacientes de salud mental. También se esperaba una inauguración de cinco “casas de medio camino” y una admisión de profesionales para 12 hospitales de día.

 

Además, otro de los puntos que presenta la ley 26.657 se reduzcan las internaciones en los hospitales neuropsiquiátricos para progresivamente ir disminuyendo los pacientes dentro de los mismos, y por otro lado abrir estas internaciones a hospitales generales, que deberían contar con los recursos para tratar con pacientes con padecimientos mentales. Según lo acordado por la Asamblea General de Salud Mental, el plazo para que estas leyes tengan parte del plan resuelto y con estos cambios es hasta el 2020.

 

Hay posiciones encontradas entre los que dictaminaron la ley y los que deben implementarla ya que no coinciden en las políticas de desinstitucionalización; y además, no hay una posición firme por parte del Estado para sancionar a quienes no la cumplen.

 

Ángel Barraco afirmó que: “muchos resisten este tipo de avance a pesar de las leyes, argumentando que van a cerrar los hospitales públicos, lo que tenemos que aclarar es que la ley no cierra hospitales sino que los transforma. O también hay quienes dicen que quienes queremos llevar adelante la transformación en realidad buscamos cerrar los hospitales y que los pacientes queden en la calle. Lo que nosotros queremos es una mejora en la atención de salud mental, disminuyendo las cifras de pacientes internados”.

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó una investigación y una posterior publicación, previo a la sanción de la ley, llamada “Vidas Arrasadas” que trató sobre las condiciones de los psiquiátricos a nivel país. Dentro de esta publicación se informó que en 1998 había 1250 personas hospitalizadas en el Borda; y que para el 2004 el número había reducido a 1050. Además que para el primer semestre de 2007 el promedio se redujo a 853 personas internadas. Por otro lado Ángel Barraco declaró: “para 2012 había 1700 personas aproximadamente. Y actualmente el número no se redujo, pero son cifras muy variables”.​

 

Hacen ya más de 15 años de sancionada la ley y el panorama sigue muy similar; dentro de este tiempo se realizaron numerosas denuncias e intentos por parte de los redactores para comenzar a aplicar la ley. Según declararon hasta llegaron a la situación en las que algunas personas debieron callarse o abstenerse a reclamar porque recibían amenazas por querer generar un cambio en las instituciones de salud mental.

 

​Hay una gran resistencia para la implementación de las leyes de Salud Mental, y a su vez, no hay un organismo estatal que controle o sancione. Si bien no está vencido el plazo para la implementación de la ley 26.657, el ritmo que debería tener para ser progresivo, tanto para una habituación de los pacientes, como también de contar con el tiempo de construir los lugares de infraestructura, y la adaptación de los nuevos hospitales generales tampoco se está realizando.

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